Trabajo busca disminuir las relaciones laborales informales y así como avanza sobre quienes contratan empleadas domésticas en negro, también va por quienes tienen a su cargo trabajadores de la construcción y de la industria gastronómica
La ministra de Trabajo bonaerense, Mara Ruiz Malec, analizó hoy que es “absolutamente injustificable” no registrar a las empleadas de casas particulares, al referirse al operativo realizado por esa cartera en un barrio cerrado del partido de Pilar, al que se le aplicó una multa de 3 millones de pesos por obstruir las tareas de inspección para verificar el registro laboral.
“Estamos hablando de un sector que paga más de 30.000 pesos de expensas y el máximo que debe abonar al registrar a una trabajadora es de 3.000 pesos”, expuso en declaraciones a FM La Patriada y dijo que el 76% de las empleadas domésticas trabajan en negro.
Luego, la funcionaria contó que esa cartera realiza operativos en toda la provincia en los que se solicita información a los barrios cerrados para identificar “a las personas que entran a trabajar en las viviendas particulares”, hecho que les permite “cruzar la información e intimar a dueños o inquilinos de esas casas quienes no tengan registrada a su trabajadora”.
En esta misma línea, afirmó que “hay varios barrios cerrados que nos han brindado esa información y ahí termina nuestra relación con el country porque colaboró con el Estado“.
“En el caso de que no no se brinda la información, se está obstruyendo la función del Ministerio como fiscalizadores de las relaciones laborales, por lo que se labra una multa por obstrucción. Es lo que sucedió ayer en un barrio que nos había pedido varias prórrogas para presentar la información, pero no lo hizo. Se multa la obstrucción”, contó.
Sostuvo que el gobierno también hace operativos en distintos municipios en la construcción y en la gastronomía “porque hay consumo y hay actividad, pero sigue habiendo un problema en la registración” y consideró que “el crecimiento tiene que llegar a todos”.
Ayer, el Ministerio de Trabajo multó con 3.554.025 pesos a la administración de un country “por obstruirse el acceso a la información requerida”.
Concretamente, se había solicitado presentar los registros de ingreso y egreso de personas con el objetivo de determinar cantidad de trabajadoras y trabajadores que prestan servicio en esos lugares, número de días y horas de su jornada laboral y su situación registral.